LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD, EL ESPACIO
UNITARIO PARA LAS LUCHAS, LA MOVILIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Aurora Vargas y José Manuel García
La
realidad del capitalismo en España: paro, precariedad, desigualdad, exclusión
social y pérdida de derechos
El Manifiesto de las Marchas por la
Dignidad que sirvió como llamamiento al inicio del ciclo de movilizaciones que
en el conjunto del estado español coordinaron las Marchas de la Dignidad en el
año 2014 se resumían de manera simbólica en la consigna Pan, Techo, Trabajo y
Dignidad. Hoy, tanto el manifiesto como las reivindicaciones básicas siguen
estando plenamente vigentes en tanto que los problemas sociales siguen sin
resolverse. Más bien al contrario, tienden a agudizarse ya que la hoja de ruta
diseñada por las directrices económicas y políticas de la Unión Europea exige
más recortes salariales y menos servicios públicos… Esto se traducirá en más
paro, trabajos precarios y sin derechos, miseria y depauperación.
La crisis que padece nuestro pueblo
tiene causas estructurales en el capitalismo imperante en España y Europa y
debe ser analizado, puesto que este sistema económico y político supone el
fracaso para la clase trabajadora y los sectores populares y el enriquecimiento
desaforado para la oligarquía.
La crisis del sistema económico
capitalista liquidó el proyecto clásico de la socialdemocracia europea pactado
tras la II Guerra Mundial con la burguesía y sintetizado en el llamado Estado
de Bienestar. El fracaso del capitalismo en España se constata por los millones
de personas sin trabajo, la precariedad laboral, la reducción de salarios, la
exclusión social, con millones de personas en la pobreza o en el umbral de la
pobreza, las miles de familias expulsadas de sus casas, el desmantelamiento de los
servicios públicos, el aumento de la desigualdad social y la eliminación o el
retroceso de los derechos laborales, sociales y políticos.
La
crisis actual ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo económico
español y el papel que ha jugado nuestra economía dentro del espacio europeo en
la dinámica internacional del capital. Espacio económico que configura una
división internacional del trabajo que relaciona a países exportadores que
venden sus productos y obtienen un superávit comercial con países compradores e
importadores netos como España. Demanda que se financia en buena parte a
crédito, por capitales de los mismos países que exportan.
La
incorporación de España a la Unión Europea trajo consigo una transformación de
la estructura productiva española que la convirtió en suministrador de
servicios. Esta estructura productiva determina una posición subalterna de la
economía española que ha traído como consecuencia nuestra conversión en un país
endeudado debido al fuerte déficit exterior contraído con los países del centro
europeo y de fuera de la UE. Este proceso entra dentro de la dinámica de
endeudamiento general de los países de la periferia europea.
El crecimiento de la deuda y la apremio del pago de
la misma a toda costa lleva al capital financiero a presionar sobre el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea, con la finalidad
de articular procedimientos de control de la deuda a través de la imposición de
planes de ajuste que suponen una gigantesca operación de socialización de
pérdidas a costa de los pueblos, dirigida a garantizar en primer lugar el pago
de la deuda, política que es responsable de la actual recesión económica.
El
significado de la crisis en España supone un agotamiento del modelo de
acumulación dominante en nuestro país y del sistema político surgido de la
llamada Transición del 78. Modelo marcado en lo económico por el predominio de
un capitalismo inmobiliario y financiero,
en lo político marcado por un bipartidismo imperfecto complementado con los
nacionalismos conservadores periféricos y en lo territorial se impuso un modelo
de descentralización incompleta en favor de las élites sociales y empresariales
locales.
El
bloque de poder pretende, por tanto, una salida a los problemas de acumulación de
capital por medio de un ajuste salarial de carácter permanente y a través de la
aplicación de recortes sociales. Los programas de ajuste y recortes son el
mecanismo que utiliza el bloque dominante para recuperar el proceso de
acumulación de capital a través del ajuste salarial. Estamos, por tanto, ante
un cambio estructural para dar salida a la crisis del capital privado en
nuestro país que lleva consigo el desmantelamiento del Estado social en España.
Y en paralelo la implementación de un Estado penal listo para reprimir y
castigar la rebeldía contra la injusticia social.
En resumen, el empeoramiento de la
situación general y de las condiciones de vida de la clase trabajadora y del
pueblo desde el principio de la crisis capitalista, sobre todo en lo que
respecta al dato crucial de desempleo, establece el marco para la aplicación
del ajuste estructural: se trata, así, por parte de la burguesía, de asegurar
la presencia de una mano de obra muy barata y no conflictiva, mas aun tras las
reformas laborales poniendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras en
manos de los empresarios que se benefician de la situación sin ningún tipo de
control. El resultado de estos ajustes pasa, entre otras cosas, por el aumento
de la jornada laboral sin incremento de retribuciones, por el incremento de la
movilidad de la fuerza de trabajo, y, fundamentalmente, por la reducción, aún
más, de los niveles salariales de la clase trabajadora.
Crisis
del estado democrático, del estado social y pérdida total de la soberanía representan
los elementos centrales de la crisis del estado burgués en España, que en el
plano político y de la movilización social muestran un escenario donde
democracia, derechos sociales y
soberanía se muestran una vez más como incompatibles con el capitalismo y que determinan la necesidad de organizar la coordinación de las fuerzas sociales,
sindicales y políticas en un gran espacio unitario como las Marchas de la
Dignidad para abrir un proceso constituyente,
forzar la ruptura democrática con el régimen del 78 y poder realizar las
transformaciones necesarias para construir un modelo económico y social al
servicio de la clase trabajadora y el pueblo y una democracia real,
participativa, laica, federal y republicana.
La
construcción de la alternativa
Desde la movilización social, amplia y
unitaria, en tono a los intereses de clase de los sectores populares se debe
confrontar con las estructuras de dominación social. Y hay que señalar que existen
dos marcos económicos, políticos e institucionales que impiden cualquier proceso
de transformación social, de cambio real en España. El establecido por el
capitalismo en Europa: la Unión Europea y el euro, con su política neoliberal
de austeridad contra los trabajadores y trabajadoras y el pueblo y el marco del
régimen del 78 que mantuvo el poder en manos de la oligarquía y estableció una
democracia limitada y controlada.
La UE no es reformable. Seguir creyendo que se pueden reformar las políticas de la Unión
Europea ganando espacios en sus estructuras representativas es una quimera como
se demostró en el caso griego. El euro es un mecanismo monetario al servicio de
la oligarquía financiera europea para garantizar el éxito de las políticas de
acumulación de capital y asfixiar a los pueblos que traten de oponerse a esas
políticas. Desde el desarrollo del concepto de soberanía popular los pueblos de
Europa deben construir su propio espacio de integración política, económica y
social. La construcción del espacio de integración de los pueblos de Europa se
debe dar al margen de los dictados de los intereses imperialistas.
En España nos encontramos en un
momento en el que los grupos políticos, sociales y mediáticos al servicio del capital
financiero están llevando a cabo un proceso de restauración del régimen del 78
para consolidar un nuevo modelo de relaciones sociales, institucionales y
laborales, es decir, una nueva forma de vivir para que, como decíamos, toda la
riqueza del país siga al servicio del mantenimiento y aumento de la tasa de
ganancia del capital, comenzando por garantizar constitucionalmente el pago de
la deuda, como condición imprescindible para sostener el actual momento del
sistema económico capitalista.
Este proceso de restauración
borbónica pretende mediante reformas y medidas de regeneración mantener las bases
sobre las que se sustenta el régimen actual: la UE y el euro, la OTAN, un modelo
económico al servicio de una minoría, el mantenimiento del poder del sector
financiero, una democracia limitada y la monarquía.
Para poder construir un nuevo
país tenemos que romper con estos dos corsés: la UE y el euro y el régimen del
78, recuperar la soberanía y realizar la ruptura democrática con los marcos que
impiden cualquier proceso de transformación social al servicio de los
trabajadores y trabajadoras y el pueblo. Frente a restauración borbónica,
ruptura democrática republicana. Frente a regeneración, revolución democrática.
En este momento es prioritario construir una alternativa programática,
social y política lo más amplia y unitaria posible. Una alternativa que
confronte y derrote social y políticamente la recomposición del sistema. Una
alternativa democrática, social, feminista, ecologista, federal, con amplia
base popular. Para ello, es fundamental situar
como objetivo la movilización social y política como instrumento para
conquistar un futuro de justicia social y libertad en el marco de un nuevo proyecto
de país. En este sentido las Marchas de la Dignidad juegan un papel fundamental
porque pueden servir de aglutinador del bloque social y político que sustente
la construcción de la unidad popular.
Desde la experiencia unitaria y transversal que representan las Marchas de
la Dignidad deberíamos partir de dos conclusiones: tenemos que dar prioridad
absoluta a la lucha social, conseguir
que las políticas antisociales y autoritarias tengan una respuesta en la calle,
que el sistema no consiga imponer una paz social. La segunda conclusión es que
desde la movilización y sobre acuerdos programáticos tenemos
que construir bases de unidad popular. Atendiendo a la emergencia social a la que se enfrenta
nuestro pueblo y situando la perentoriedad de atender esas reivindicaciones, no
debemos desaprovechar la lucha para realizar la pedagogía necesaria para hacer
entender que no se dará una salida social a la crisis si no se construye una
alternativa social al sistema político-económico imperante.
Se trata de construir un nuevo
modelo económico, político y social en el que se garanticen a todas las
personas los derechos básicos a pan, trabajo y techo, a servicios públicos
universales y prestaciones sociales suficientes. Un nuevo país en el que se
haga realidad las reclamaciones populares de democracia real y transparencia y
no estar sometidos a los dictados de la banca y el capital. La construcción de
este proyecto no puede hacerse respetando los marcos impuestos, económico (UE y
el euro) y político (régimen del 78), porque el dominio de esos poderes
económicos y la imposición de ese marco político no permite dar satisfacción a
las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo.
Tenemos que construir un nuevo
país que dé respuesta a las necesidades más inmediatas de las personas y
realice los cambios políticos y constitucionales necesarios para poder aplicar
las medidas que necesitamos.
Debemos ser capaces de impulsar la movilización que construya una
alternativa real en torno a medidas concretas. Proponemos las siguientes:
Medidas de urgencia social: subsidio de desempleo para todas las personas
desempleadas. Establecimiento de una renta mínima garantizada que evite la
exclusión social. Salario Mínimo Interprofesional de 1.000€.
Equiparación de la pensión mínima al SMI. Igualdad salarial de mujeres y
hombres Plan extraordinario de empleo público para crear un millón de puestos de
trabajo en servicios
públicos, infraestructuras y empleo ecológico. Transporte público gratuito para los desempleados y desempleadas. La vivienda como derecho: prohibición del embargo de la vivienda habitual. Garantía
social de servicios esenciales de
electricidad, agua y gas y garantía de acceso a
medicamentos. Plan integral
en defensa de las mujeres, parar los feminicidios y la violencia contra las
mujeres.
Restablecimiento de los derechos
sociales y democráticos: derogación inmediata de la reforma del artículo
135 de la Constitución y de sus consecuencias. Derogación de la Ley Mordaza. Amnistía
a todas las personas condenadas y procesadas por motivos laborales y luchas
sociales. Derogación de las reformas del Código Penal de 2010, 2012 y 2015 y de
la Ley de Enjuiciamiento. Derogación de las reformas laborales. Derogación de
la Ley de reforma Local. Derogación de la ley de Extranjería. Derogación de
LOMCE y de las tendentes a mercantilizar la Enseñanza Superior (Plan Bolonia;
Decreto 3+2). Derogación de la Ley 15/97 y de todas las medidas de privatización
de la Sanidad Pública.
Nuevo
modelo económico y social: cambio de
modelo productivo; modelo económico, social y productivo sostenible basado en
energías renovables. Planificación democrática de la economía. Nacionalización
de la banca y de los sectores estratégicos de la economía. Auditoria de la
deuda, reestructuración e impago de la deuda ilegitima. Trabajo garantizado.
Garantizar la función social de la vivienda para terminar con las cerca de 4
millones de viviendas vacías. Recuperación para el sector público de las
empresas privatizadas. Remunicipalización de los servicios privatizados. Plan
de reconstrucción industrial. Reforma Agraria Integral. Soberanía alimentaria. Red estatal de
distribución y comercialización del sector primario. Fomento y priorización de
la economía social. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin
reducción salarial. Jubilación a los 65 años y plan progresivo para la
jubilación a los 60. Sistema público de enseñanza. Sanidad y sistema de
pensiones público. Sistema fiscal basado fundamentalmente en impuestos directos
progresivos. Financiación suficiente de los Ayuntamientos y reparto equitativo
entre las tres administraciones públicas. Potenciación del transporte público y
de la movilidad sostenible.
Ruptura democrática: una nueva Constitución
que blinde los derechos sociales básicos (pan, trabajo y techo) y políticos.
República. Democracia participativa, laica, municipalista, federal, transparente,
íntegra y con memoria. Igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres.
Igualdad y no discriminación de ningún tipo hacia personas LGTBI. Derecho de
autodeterminación. Ley electoral democrática, justa, proporcional. Reforma
democrática de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad.
Soberanía, paz y solidaridad: ruptura con
la Unión Europea y con el euro. Desde su soberanía nuevo espacio de integración
de los pueblos de Europa. No a los tratados comerciales neoliberales TTIP, TISA
y CETA. Solidaridad internacionalista y cooperación entre los pueblos como mejor camino para trabajar por la paz.
0,7% del PIB para cooperación internacional. Pleno reconocimiento del derecho de asilo. No a la
guerra, renuncia al uso
de la guerra como método de resolución de conflictos. Salida de la OTAN y bases
y tropas extranjeras fuera de nuestro territorio.
Sobre el espacio unitario: las Marchas de la Dignidad
En las movilizaciones que las Marchas
han convocado después del 22 de marzo de 2014 (22M) y en los análisis
posteriores, siempre ha aparecido una amalgama de elementos aparentemente
inconexos que daban la respuesta a una insatisfacción constante de un techo de
participación que parecía que nunca íbamos a volver a conseguir.
Una forma de trabajar sistemática, un
análisis y la puesta en orden de esos elementos deja de manifiesto que la
insatisfacción que venimos percibiendo, sobre todo en reuniones estatales de
las Marchas, aunque no carecen de fundamento, es subjetiva.
En plano interno, las Marchas están
compuestas fundamentalmente por organizaciones. Organizaciones cuya única
dedicación no es sólo la de construir un frente de lucha unitario, aunque en la
mayoría de los casos, eso esté entre sus objetivos.
Si las Marchas fueran un conjunto de
voluntades cuyo único objetivo hubiera sido ponerse de acuerdo en una fecha y
en un eslogan (pan, trabajo y techo), hoy no solamente no existiría sino que no
se percibiría como el elemento aglutinante que es. Lejos de eso las Marchas de
la Dignidad han tenido que dirimir elementos políticos cruciales dados en este
momento que transcienden de las propias organizaciones que la componen.
Algunos de ellos:
- El incremento de las condiciones de explotación de la clase trabajadora y de los sectores populares, mediante la consolidación y ampliación de las medidas que hemos sufrido en los últimos años, así como una reformulación del patriarcado.
- Las modificaciones político – jurídicas necesarias para garantizar que se puede aplicar lo anterior. Entre estas modificaciones, hay que señalar con especial preocupación el incremento en la represión y en la criminalización de las formas de protesta y lucha social en defensa de los intereses de los sectores populares.
- El periodo electoral “per se” no ha sido un factor determinante en la desmovilización generalizada de la clase trabajadora, ni ha provocado una parálisis total en la organización de las Marchas de la Dignidad. Pero la ilusión del “ahora o nunca” de algunas organizaciones componentes de la Marchas (curiosamente no todas candidatables como organización pero si con candidatos), sin tener en cuenta análisis objetivos de la situación política, económica y social, han forzado un viraje de lo fundamental que nos vincula, desencadenando así, cierta orfandad con determinados conflictos y un periodo con desazones y cuestionamientos constantes sobre la utilidad de las Marchas de la Dignidad y su propia existencia.
Aparte de los intereses
propios de las organizaciones pertenecientes y algunas deserciones, las Marchas
han superado estas y otras contradicciones, aunque no sin coste.
Armados con un manifiesto y con una
estrategia de construcción y consolidación de las estructuras territoriales, se
han sometido todas las convocatorias de movilización a tal fin con resultados
desiguales, como por ejemplo los ritmos distintos entre territorios, difícil de
armonizar a la hora de elaborar una estrategia común.
El resultado ha sido experiencia
acumulada. Las Marchas son la única estructura unitaria con capacidad de
convocatoria y referente de lucha en muchos territorios.
El planteamiento global que debe servir
de guía es el que defiende la ruptura democrática con el régimen del 78, dar
respuestas a los intereses de la mayoría, pero atendiendo a las claves de las
soluciones. Defender la economía y su planificación para ponerla al servicio de
la mayoría social y su desarrollo pasa por garantizar el acceso a todos los
bienes básicos. Pero esto no es posible sin plantear con claridad la necesaria
nacionalización de los sectores estratégicos de le economía, puesto que es el
único camino para evitar que las necesidades básicas se conviertan en objeto de
especulación y mercantilización. Es por tanto fundamental que tengamos claro
qué necesitamos para conseguir pan, trabajo y techo.
La otra parte de la de la ecuación es
el cómo. Hemos sido testigos de esa desafortunada tendencia de hipotecar la
movilización en pos de la institución. Son muchos los intereses de los que no
quieren una movilización orientada a una transformación de la raíz, pero sin
movilización no habrá avance real.
Debemos tener claro que las Marchas de
la Dignidad es un proceso de acumulación de fuerzas de todos los sujetos
activos que están movilizados en este momento. Todas las formas de lucha son
válidas si están convenientemente conjugadas.
No se trata de inventar lo inventado,
se trata de poner en práctica la experiencia de lucha acumulada adaptada a las
difíciles condiciones actuales.
Luchamos por la soberanía popular, por
una democracia política y económica plena, por la igualdad de género, por la
protección del medio ambiente, por la paz y la solidaridad.
Luchamos por el Pan, el Trabajo y el
Techo. Luchamos por la Dignidad.
Sevilla, enero de 2017
