domingo, 29 de octubre de 2017

Carlos García Ruzo y Alexis Navas Fernández



Carlos García Ruzo y Alexis Navas Fernández
 
LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD COMO PROYECTO CONTRAHEGEMÓNICO: EL NO PAGO A LA DEUDA COMO DISCURSO AGLUTINADOR.

INTRODUCCIÓN.

El presente documento no pretende ser un análisis exhaustivo del NO PAGO DE LA DEUDA sino una guía de la situación y hacia dónde deben dirigirse las marchas.

Las marchas de la dignidad nacen como espacio de confluencia en el que se agrupan distintos colectivos y organizaciones entorno a unas reivindicaciones comunes y concretas para mejorar la vida de las personas. Este agrupamiento en torno a unas reivindicaciones concretas dio lugar a una manifestación sin precedentes el 22 de marzo de 2014. Desde entonces el desarrollo de las marchas ha estado lleno de altibajos, pero lo importante es que se ha mantenido en el tiempo como espacio de confluencia para el cambio social. Desde los primeros momentos se ha reivindicado el NO PAGO DE LA DEUDA como uno de los ejes sobre los que se ha construido esta confluencia.

La deuda privada de la banca y grandes empresas, transformada en Deuda Pública, se ha convertido en la principal arma de chantaje para imponer contrarreformas laborales, precarización de salarios y pensiones, privatizaciones y el desmantelamiento de los servicios públicos, causando un enorme drama humano sobre el que se asientan los cada vez más privilegios de una minoría. Dicha deuda  no ha repercutido en beneficio de los ciudadanos, además de ser insostenible, de ahí que no deba pagarse.

Dentro del Estado Español y a nivel internacional ya hay organizaciones que plantean el tema del NO PAGO A LA DEUDA desde ya hace tiempo, como Attac, el Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), el Frente Cívico, Colectivo Prometeo, No debemos Zaragoza, Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, etc… Algunas de estas organizaciones se encuentran dentro de las marchas de la dignidad y otras no.

 Debe ser una labor de las marchas aglutinar a todas estas organizaciones en pos de crear un discurso aglutinador que sirva como bandera de las marchas y llegue a las clases populares que son las víctimas de este sistema criminal y dejar claro que en la DEUDA residen gran parte de los males que no acucian. Por medio del discurso del NO PAGO DE LA DEUDA las marchas de la dignidad deben erigirse poder contra hegemónico frente al discurso y la lógica capitalista dominante que nos dice que no se puede hacer nada para cambiar la realidad y que nos encontramos en el mejor de los mundos posibles.


¿POR QUÉ NO DEBEMOS PAGAR LA DEUDA?

En los últimos años hemos asistido a un incremento exponencial de la deuda pública y privada. Los medios nos bombardean diariamente con el tema del crecimiento de la deuda, de sus intereses, de su insostenibilidad, etc….Pese a estar en los noticiarios de todos los medios de desinformación, no se ha llevado a cabo un debate sobre el origen y el empleo de los recursos económicos comprometidos en dichas obligaciones, obviándose a la ciudadanía un debate imprescindible sobre la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. Este ataque a la soberanía popular es aún mayor si tenemos en cuenta que este endeudamiento no solo ha hipotecado el futuro de las futuras generaciones, sino que lo sufrimos en nuestra vida diaria en forma de recortes en los servicios públicos, precarización del mercado de trabajo, bajadas de salarios, confiscación privada de las inversiones de pequeños ahorradores, regresividad de los impuestos, etc...

Desde las marchas de la dignidad aspiramos a promover el no pago de la deuda, fomentando entre la ciudadanía una labor de información sobre qué es la deuda y el  porqué no corresponde devolver ni un céntimo de la misma. La deuda no es más que un compromiso de pago entre dos personas por el cual uno (acreedor) entrega a otro (deudor) una cantidad de dinero con el objetivo de percibir posteriormente el dinero prestado más unos intereses.

La deuda puede ser pública cuando el deudor es una entidad pública (estado o regiones) o privada, cuando el deudor es una entidad privada (familia, pyme, empresa,…,). La deuda pública se emplea en sufragar el funcionamiento de la administración, financiar los servicios públicos y en realizar las transferencias a las ciudadanos que se encuentran en determinadas circunstancias (parados, jubilados, et…). Con la deuda privada se persigue financiar a los sujetos privados (empresas, familias) que se encuentren en situaciones en las que necesiten realizar pagos o inversiones que no puedan afrontar por determinadas razones

En el caso español, la deuda pública no se ha visto incrementada como consecuencia de un mayor gasto en los servicios públicos. Al contrario, el gasto en estas partidas se ha ido reduciendo desde el comienzo de la crisis. La única partida del presupuesto público que ha aumentado es la de las transferencias a los desempleados, la cual se ha visto incrementada en gran medida como consecuencia del paro creado por la reforma del mercado laboral realizada por el PP.

Respecto a la deuda privada española la mayor parte también corresponde a las grandes multinacionales, siendo la deuda de las PYMES y de las familias una deuda menor en comparación con las grandes corporaciones económicas o financieras. Aun así, han sido las PYMES, las familias y los autónomos los que más han sufrido las restricciones de crédito impuestas como consecuencia de la crisis. Restricciones aplicadas por unas entidades financieras que se han dedicado a saquear las arcas públicas y a los pequeños ahorradores con la connivencia de los gobiernos del régimen (PP, PSOE,…).

Cada día presenciamos recortes en los servicios públicos, justificados en una deuda que no ha beneficiado a la gran parte de la ciudadanía (ya que no se ha empleado en mejorar los servicios públicos o realizar una reforma de la estructura productiva del estado), sino que ha lucrado a empresas privadas (en su mayoría banca privada extranjera y nacional) y a un puñado de corruptos cercanos al poder.

Aplicando el refranero español: ESTAMOS PAGANDO JUSTOS POR PECADORES.

El artículo 135 de la Constitución ha subordinado los intereses de los ciudadanos al pago de la deuda, contradiciendo los derechos humanos básicos y sometiendo al pueblo español a los dictados de las multinacionales extranjeras. Esta reforma de la sacrosanta Constitución fue llevada por los partidos del régimen sin una consulta previa a la ciudadanía, hipotecando su futuro y sometiéndose a los intereses privados de la banca internacional.

Consideramos que esta reforma del artículo que antepone el pago de la deuda a cualquier otra necesidad básica del pueblo español debe eliminarse por completo. Además debería haberse realizado un debate a nivel nacional y haberse consultado a la ciudadanía en referéndum, ya que es ésta la principal deudora de los pagos que la hipoteca. No, como se hizo, por dos partidos políticos en contubernio, con nocturnidad y alevosía, protegidos por los amaestrados medios de desinformación ignorando por completo la soberanía popular a la que decían representar.

En esta situación, los ciudadanos han estado asistiendo a una expropiación continua de sus recursos: en forma de productos financieros - preferentes, acciones o fondos de inversión-, vía incrementos de impuestos proporcionales o de obras faraónicas sin repercusión en el bienestar de la ciudadanía -aeropuertos sin funcionar, palacios de congresos innecesarios, autopistas sin circulación, …- que han beneficiado a una minoría cercana a las elites del poder y han condenado a la pobreza a la mayoría de la población. Este drenaje de recursos no solo ha ido en contra de legislación vigente (CE 1978 y Carta de DDHH de NU), si no que ha condenado a la pobreza a miles de familias, a medida que ha ido incrementando el número de millonarios día a día en el estado español.

Por otra parte nos encontramos ante una situación de insostenibilidad de la deuda, la cual se ha multiplicado por dos en menos de una década. Los intereses que pagamos al igual que el nivel de deuda son excesivos para cualquier país, pero más aún para un país cuyas expectativas de crecimiento de la economía en el futuro son moderadas. Estos intereses ascienden a CASI 100 MILLONES DE EUROS DIARIOS y de momento están “controlados” debido a la decisión del BCE de intervenir adquiriendo deuda española y de mantener los tipos de interés bajos. Cualquier decisión del BCE de incrementar los tipos de interés o de cesar en la compra de la deuda implicaría una explosión en las cantidades a satisfacer que haría inviable pagar no ya la deuda, si no ni siquiera los intereses.

Toda esta situación nos empuja hacia la suspensión de pagos, que será el último argumento que utilizan para despojarnos de lo poco que nos queda. Aunque esta opción nos parezca lejana, no es la primera vez que España se declara en suspensión de pagos, ya que con esta sería ya la decimocuarta. Contrariamente a lo que los medios de comunicación nos han hecho creer, no son únicamente los países del Sur los que se declaran en suspensión de pagos (Alemania y Austria lo han hecho cinco y ocho veces en los últimos doscientos años) en suspensión de pagos. Tampoco las deudas se han pagado siempre, está presente el ejemplo del pueblo ruso que se negó a pagar unas deudas que los zares habían contraído para satisfacer sus ansias bélicas y su propio lujo. Estados Unidos también rechazó en su día pagar la deuda de Cuba con España porque esos recursos se habían utilizado para mantener a Cuba bajo el yugo del colonialismo español. Una situación muy similar a la que ejerce hoy en día la Troika sobre los países del sur de Europa.

No estamos solos. A nivel internacional el comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) lleva desde 1990 promoviendo una auditoría de la deuda trabajando esencialmente con los movimientos sociales o fuerzas políticas arraigadas en las clases populares. A nivel nacional existen numerosas plataformas ciudadanas que han comenzado a abordar la cuestión, por ejemplo la plataforma de auditoría ciudadana contra la deuda (http://auditoriaciudadana.net/) trabajando por promover una auditoria de la deuda a nivel nacional y sobre todo llevando una labor de concienciación en la población sobre la obligación de repudiar aquellas deudas que no son responsabilidad de la ciudadanía.

Estas organizaciones denuncian una situación que intenta acallar desde el poder, ya que el sistema capitalista está fallando en su capacidad para generar plusvalías y por lo tanto necesita garantizar su subsistencia a costa de convertir a la población mundial en esclavos. Esta estrategia de ahogar a las poblaciones de los países con la deuda no es nueva, ni única del momento en el que vivimos, las deudas ilegítimas han sido desde siempre el arma de los poderosos para oprimir al pueblo, expropiar sus recursos, recortar derechos y someter sus voluntades. Hasta ahora han estado orientadas a saquear a todos los países del tercer mundo, pero ahora se dirigen a hacerse con lo poco que les queda en los países occidentales, los bienes públicos.

Los casos de expolio de los recursos que vivimos diariamente son innumerables. Quizás el más sangrante en la actualidad europea, es el de Grecia, donde la la Troika ha establecido unas condiciones leoninas a la población helena para asegurarse que los acreedores privados percibirán sus pagos. Así, como garantía de pago de las cantidades prestadas ha reclamado determinados bienes de patrimonio histórico y cultural públicos, que en caso de impago pasarían a manos privadas. Además el llamado “rescate a Grecia” en realidad solo ha ido destinado a pagar a los acreedores griegos. En otras palabras, el dinero aportado por las poblaciones de los estados para “salvar” a Grecia ha ido destinado directamente a la banca europea privada, otra forma más de socializar las pérdidas y endeudar a la población europea.

 Está claro que existen argumentos y ejemplos suficientes para caminar hacia el no pago de la deuda. Es por ello que desde las marchas de la dignidad consideramos imprescindible dar un paso al frente y enarbolar la bandera de la deuda señalando como el origen de todos los males al sistema capitalista actual. El cual no puede sobrevivir sin la deuda. Es imprescindible señalar de una vez al sistema capitalista como el culpable de los recortes y a los beneficiados por la deuda. La cual además de ser ilegítima, supone un ataque frontal a los derechos humanos, ya que su objetivo es someter al pueblo a una voluntad extranjera privada. La labor de concienciación que se está realizando es necesaria a todos los niveles, empezando por la organización e información a pie de la calle, con el fin de preparar a la gente para evitar que el pago de la deuda nos convierte en esclavos antes de que sea demasiado tarde para hacer involucionar todo el proceso.

 También tenemos que poner de relieve la utilización de la deuda como arma política y la relación existente entre deuda y patriarcado, para ambas cuestiones tomaremos como propios los postulados de Silvia Federici:

La deuda no es sólo un instrumento económico, es también un arma política. Principal herramienta de la mundialización, ha desorientado la economía y ha permitido las exportaciones y el extractivismo. Es un instrumento de primer orden para privatizar la economía, poner fin al socialismo y crear un empobrecimiento masivo.

La deuda ha sido utilizada a escala internacional porque es muy eficaz para explotar a los individuos. Desmoviliza y no genera resistencia general, ya que, precisamente, oculta la explotación y aísla a la gente. Un trabajador o una trabajadora comprometido/a en la lucha salarial percibirá la explotación injusta que sufre y se sentirá parte de la colectividad. Un deudor o deudora privado/a aparecerá como que se ha aprovechado de ese dinero en su propio beneficio.

Deuda y patriarcado

La deuda es un ataque general a las clases obreras, a las poblaciones del Sur, a las personas negras en EEUU, etc. Pero afecta en primer lugar a las mujeres, son ellas las que han sufrido más directa e intensamente las consecuencias de la deuda pública y privada.

Su situación en el mundo con respecto a la deuda contradice las intenciones de las Naciones Unidas, que pretenden que la mundialización ha sido una vía de emancipación para las mujeres porque muchas de ellas han obtenido una fuerza salarial. En realidad, la deuda nacional y los ‘ajustes sociales’ que se quiere legitimar afectan en primer lugar a las mujeres. La destrucción de los servicios públicos en países del tercer mundo ha conducido a pérdidas de trabajo y el paro entre las mujeres ha aumentado significativamente. 

Una de las principales consecuencias de la deuda sobre las mujeres ha sido el ataque contra sus esfuerzos por conseguir la independencia económica. El mayor endeudamiento ha reforzado su esclavitud, particularmente en las tareas domésticas.


CONCLUSIONES

El pago de la deuda es incompatible con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como son la sanidad, las pensiones o la educación y el desarrollo de políticas sociales. Al convertirse su pago en prioritario, por delante de los derechos sociales, afecta a la mayor parte de la población que ven como su calidad de vida va empeorando con el tiempo y está hipotecando el futuro de las próximas generaciones. No hay forma de luchar contra la deuda sin romper con el capitalismo.  Al ser una de las cuestiones que afectan a la mayor parte de la población del Estado Español y su cuestionamiento pone en evidencia la totalidad del sistema debe ser el punto de unión de las clases populares para derrocarlo.

Para emprender el programa que exponemos a continuación es fundamental elevar el nivel de concienciación para conseguir la movilización de los trabajadores, la juventud y los sectores populares contra el pago de la deuda y cualquier imposición de la Troika. Las medidas que proponemos son las siguientes (basados en las propuestas de Eric Toussaint):

1.    Derogación del artículo 135 de la Constitución, anteponer los derechos sociales al pago de la deuda
2.    Suspender el pago de la deuda para realizar una auditoría para determinar qué parte es ilegal, ilegítima y odiosa y no pagarla.
3.    Socialización de la banca bajo control de los trabajadores y de las clases populares, para evitar injerencias y fuga de capitales. La soberanía financiera ciudadana se debe materializar en un control social del crédito, es decir, que se decidiera democráticamente en qué invertir y que esta decisión no la tomase la banca. Una experiencia en este sentido es COOP57
4.     Reestructurar los pagos.
5.     Determinar los culpables para que paguen penal y patrimonialmente.
6.    Salida de la Unión Europea, la experiencia griega nos ha demostrado que la UE no es una Europa social, es la Europa del capital y por tanto es irreformable. Debemos avanzar en la dirección para construir la Europa social donde los trabajadores y las clases popular tengan un protagonismo central y el control de los medios de producción.
7.    Libertad para utilizar una banca sin intereses. Pero también escapar del monopolio de la moneda de curso legal que nos impone el poder financiero, para poder crear nuevas monedas que persigan la satisfacción de las necesidades humanas y no la retribución del capital financiero, y en la que los criterios para otorgar financiación fueran decididos por la gente que participa en estas monedas.

Estas medidas deben ir acompañadas de otras medidas en lo social y laborales que desemboquen en un cambio de modelos económico y social, ya que aunque se consiguiera una quita o reestructuración volveríamos a la misma situación dentro de unos años. También es necesario crear una mesa técnica de economistas para ir desarrollando.

Dentro del proceso de concienciación ciudadana proponemos las siguientes medidas:
1.    Campañas informativas en los barrios, centros de trabajo, pueblos, colectivos públicos en lucha, etc... cómo afecta el pago de la deuda en su vida diaria.
2.    Métodos convencionales de difusión, charlas, panfletos, programas de radio, etc.
3.    Métodos no convencionales de difusión (guerrilla de comunicación), como el FAKE, hechos falsos para denunciar situaciones verdaderas (ej. los YES MEN),

Sergio Mesa y José Manuel García



 Sergio Mesa y José Manuel García

(Militantes del PCA-PCE)


LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD, EL ESPACIO UNITARIO PARA LAS LUCHAS, LA MOVILIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA


La realidad del capitalismo y su régimen político en España tras la crisis

El Manifiesto de las Marchas por la Dignidad sigue estando plenamente vigente en tanto que los problemas sociales que denuncia siguen sin resolverse. Más bien al contrario, tienden a agudizarse ya que la hoja de ruta de la Unión Europea exige más mantener y ampliar los recortes salariales y los recorres de los servicios públicos… Esto se traducirá en más explotación y precariedad, en más miseria y depauperación.

Las crisis que padece nuestro pueblo tienen causas estructurales en el capitalismo imperante en España y Europa y deben ser analizadas, puesto que este sistema económico y político supone el fracaso para la clase trabajadora y los sectores populares y el enriquecimiento desaforado para la oligarquía.

Las sucesivas crisis del sistema económico y social capitalista y de forma casi definitiva la crisis de 2008, han ido liquidando el proyecto clásico de la socialdemocracia europea pactado tras la II Guerra Mundial con la burguesía y sintetizado en el llamado Estado de Bienestar y de libertades democráticas, En cada una de estas crisis, el capital ha salido fortalecido y la clase trabajadora debilitada económicamente, pero también política e ideológicamente.

La salida de la reciente crisis capitalista en España ha supuesto el empobrecimiento y la degradación de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora y otros sectores populares, de la mayoría de la sociedad, fundamentalmente por tres vías: la devaluación del trabajo (más explotación, peores condiciones, menos salarios), la carestía de la vida (vivienda, luz, alimento,...) y los recortes de los servicios públicos.

Estas condiciones empiezan a ser la norma. Si en los años 8-12 asistimos a un shock, ahora nos encontramos ante un proceso lento y paulatino de degradación contando con la resignación y asunción del estado de cosas de la mayoría de las clases populares incluso de las capas más concienciadas que participaron de las luchas y “creyeron en el cambio”.

Esta realidad ha tomado forma gracia a las medidas tomadas por los gobiernos de PP y PSOE como gestores políticos del capital con el objetivo general de relanzar la acumulación capitalista tras el agotamiento del modelo inmobiliario y financiero, al que se suma y vincula el objetivo principal y concreto impuesto por el FMI, el Banco Mundial y la UE del pago de la enorme deuda pública contraída durante la crisis bajo la presión mafiosa del capital financiero, a intereses de auténtica usura y que incluye los 60 mil millones del rescate bancario.

A pesar de las luchas y las resistencias desplegadas por el movimiento popular, el bloque de poder capitalista ha realizado las reformas estructurales que pretendía, dando lugar a una nueva fase de acumulación, que nace de las ruinas del modelo del capitalismo inmobiliario y financiero del ciclo precedente, con un peso cada vez más determinante de grandes monopolios y de forma creciente, monopolios extranjeros, con nuevos procesos de especulación en curso, con la aparición de nuevos sectores laborales y consecuentemente de un nuevo proletariado urbano, distinto al  anterior a la crisis.

Además hemos asistido a un retroceso de los derechos y libertades políticas y civiles que son ya el terreno de juego de la lucha. Del estado de derecho hemos pasado al estado penal, listo para reprimir con más recursos la rebeldía contra la creciente injusticia, explotación y desigualdad y que son una muestra de que el enemigo se prepara para nuevas crisis (no obstante ya se espera que la economía decrezca para este año y el siguiente).

¿Por qué? Porque las condiciones que han permitido salir de la crisis son muy débiles, tales como el aumento del turismo, los precios baratos del dinero y del petróleo, por la existencia de una coyuntura internacional explosiva por las crecientes tensiones interiimperialistas de las que España forma parte como miembro de la UE y la OTAN y porque una nueva crisis se afrontaría en unas condiciones muchísimo peores que la anterior.

El régimen del 78 en transición

Igualmente asistimos a un nuevo escenario político, superador del que venimos conociendo como el Régimen del 78, expresado en una correlación de fuerzas institucional diferente pero del todo favorable al bloque de poder de la oligarquía, en el que se está dando un Segunda Transición que puede tener su cierre con una reforma constitucional pactada entre las diversas oligarquías del Estado español y bajo mando UE/OTAN que refuerce el blindaje del régimen político: sistema territorial, sistema electoral, derechos y libertades políticas.

A expensas de ver cuánto dura y cómo se cierra la actual fase del conflicto catalán ya ha provocado el fortalecimiento de C´s y de otras opciones neofascistas y la emergencia del chovinismo españolista, de masas, reaccionario y como ideología de odio (a Cataluña, a la anti-España, etc...) que sin duda intervendrán para hacer aún más reaccionaria esta Segunda Transición.

Ante esta coyuntura es más apremiante aún la necesidad de organizar la coordinación de las fuerzas sociales, sindicales y políticas alternativas en un gran espacio unitario, en un bloque político y social, que desde la movilización transforme la reforma constitucional por arriba en un Proceso Constituyente popular que fuerce la ruptura democrática hacia un nuevo país en el que se realicen las transformaciones necesarias para construir un sistema económico y social al servicio de la clase trabajadora y el pueblo y una democracia real, participativa, laica, federal y republicana.


La construcción de la alternativa

Desde la movilización social, amplia y unitaria, en tono a los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares se debe confrontar con las estructuras de dominación social. Y hay que señalar que existen dos marcos económicos, políticos e institucionales que impiden cualquier proceso de transformación social, de cambio real en España. El establecido por el capitalismo en Europa: la Unión Europea y el euro, con sus políticas neoliberales contra la mayoría social y el actual el Régimen del 78 en transición que mantiene el poder en manos de la oligarquía y pretende establecer  involucionar una democracia ya  limitada y controlada.


La UE no es reformable. Seguir creyendo que se pueden reformar las políticas de la Unión Europea ganando espacios en sus estructuras representativas es una quimera como se demostró en el caso griego. El euro es un mecanismo monetario al servicio de la oligarquía financiera europea para garantizar el éxito de las políticas de acumulación de capital y asfixiar a los pueblos que traten de oponerse a esas políticas. Desde el desarrollo del concepto de soberanía popular los pueblos de Europa deben construir su propio espacio de integración política, económica y social. La construcción del espacio de integración de los pueblos de Europa se debe dar al margen de los dictados de los intereses imperialistas.

En España nos encontramos en un momento en el que los grupos políticos, sociales y mediáticos al servicio del capital financiero están llevando a cabo un proceso de restauración y superación del Régimen del 78 para consolidar un nuevo modelo de relaciones sociales, institucionales y laborales, es decir, una nueva forma de vivir para que, como decíamos, toda la riqueza del país siga al servicio del mantenimiento y aumento de la tasa de ganancia del capital, comenzando por garantizar constitucionalmente el pago de la deuda (reforma del artículo 135 CE), como condición imprescindible para sostener el actual momento del sistema económico capitalista.

Este proceso de restauración borbónica pretende mediante reformas y supuestas medidas de regeneración mantener las bases sobre las que se sustenta el régimen actual: la UE y el euro, la OTAN, un modelo económico al servicio de una minoría, el mantenimiento del poder del sector financiero, una democracia limitada y la monarquía.

Para poder construir un nuevo país tenemos que romper con estos dos corsés: la UE y el euro y la oligarquía española, sus partidos y su monarquía, recuperar la soberanía y realizar la ruptura democrática con los marcos que impiden cualquier proceso de transformación social al servicio de los trabajadores y trabajadoras y el pueblo. Frente a restauración autoritaria borbónica, ruptura democrática republicana. Frente a la reforma reaccionaria del Régimen del 78, revolución democrática. Frente al capitalismo, revolución social.

En este momento es prioritario y urgente construir una alternativa programática, social y política lo más amplia y unitaria posible. Una alternativa que confronte y derrote social y políticamente la recomposición del sistema. Una alternativa democrática, social, feminista, ecologista, pacifista, federal, con amplia base popular. Para ello, es fundamental situar como objetivo la movilización social y política como instrumento para conquistar un futuro de justicia social y libertad en el marco de un nuevo proyecto de país. En este sentido las Marchas de la Dignidad juegan un papel fundamental porque pueden y deben servir de aglutinador del bloque social y político que sustente la construcción de la unidad popular.

Desde la experiencia unitaria y transversal que representan las Marchas de la Dignidad deberíamos partir de dos conclusiones: tenemos que dar prioridad absoluta a la lucha social, conseguir que las políticas antisociales y autoritarias tengan una respuesta en la calle, que el sistema no consiga imponer una paz social. La segunda conclusión es que desde la movilización y sobre acuerdos programáticos tenemos que construir bases de unidad popular. Atendiendo a la emergencia social a la que se enfrenta nuestro pueblo y situando la perentoriedad de atender esas reivindicaciones, no debemos desaprovechar la lucha para realizar la pedagogía necesaria para hacer entender que no se dará una salida social a la crisis si no se construye una alternativa social al sistema político-económico imperante.

Se trata de construir un nuevo modelo económico, político y social en el que se garanticen a todas las personas los derechos básicos a Pan, Trabajo, Techo e Igualdad, a servicios públicos universales y prestaciones sociales suficientes. Un nuevo país en el que se haga realidad las reclamaciones populares de democracia real y transparencia y no estar sometidos a los dictados de la banca y el capital. La construcción de este proyecto no puede hacerse respetando los marcos impuestos, económico (UE y el euro) y político (Régimen del 78), porque el dominio de esos poderes económicos y la imposición de ese marco político no permite dar satisfacción a las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo.

Tenemos que construir un nuevo país que dé respuesta a las necesidades más inmediatas de las personas y realice los cambios políticos y constitucionales necesarios para poder aplicar las medidas que necesitamos.

Debemos ser capaces de impulsar la movilización que construya una alternativa real en torno a medidas concretas, en torno a un programa. Proponemos lo siguiente:

Medidas de urgencia social: trabajo, vivienda y derechos. Subsidio de desempleo para todas las personas desempleadas. Establecimiento de un plan de trabajo garantizado. Salario Mínimo Interprofesional de 1.000€. Igualdad salarial de mujeres y hombres. Equiparación de la pensión mínima al SMI. Plan extraordinario de empleo público para crear un millón de puestos de trabajo en servicios públicos, infraestructuras y empleo ecológico. La vivienda como derecho, paralización inmediata de todos los desahucios de primera vivienda. Plan de choque contra la violencia machista, incluyendo medidas de actuación, prevención y sensibilización. Garantía social de servicios esenciales de electricidad, agua y gas y garantía de acceso a  medicamentos. Transporte público gratuito para los desempleados y desempleadas.

Restablecimiento de los derechos sociales y democráticos: derogación inmediata de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de sus consecuencias. Derogación de la Ley Mordaza. Amnistía a todas las personas condenadas y procesadas por motivos laborales y luchas sociales. Derogación de las reformas del Código Penal de 2010, 2012 y 2015 y de la Ley de Enjuiciamiento. Derogación de las reformas laborales. Derogación de la Ley de reforma Local. Derogación de la ley de Extranjería. Derogación de LOMCE y de las tendentes a mercantilizar la Enseñanza Superior (Plan Bolonia; Decreto 3+2). Derogación de la Ley 15/97 y de todas las medidas de privatización de la Sanidad Pública.

Nuevo modelo económico y social: planificación democrática de la economía para garantizar que esté al servicio de la clase trabajadora y el pueblo. Cambio de modelo productivo; modelo económico, social y productivo sostenible basado en energías renovables. Establecimiento planificado de un sistema energético sostenible bajo control democrático. Nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía. Auditoria de la deuda, reestructuración e impago de la deuda ilegitima. Trabajo garantizado. Recuperación para el sector público de las empresas privatizadas. Remunicipalización de los servicios privatizados. Plan de reconstrucción industrial. Reforma Agraria Integral. Trabajo con derechos. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin reducción salarial. Jubilación a los 65 años y plan progresivo para la jubilación a los 60. Sistema público de enseñanza. Sanidad y sistema de pensiones público. Sistema fiscal basado fundamentalmente en impuestos directos progresivos. Financiación suficiente de los Ayuntamientos y reparto equitativo entre las tres administraciones públicas. Soberanía alimentaria. Red estatal de distribución y comercialización del sector primario. Potenciación del transporte público y de la movilidad sostenible. Fomento y priorización de la economía social.

Ruptura democrática frente a la reforma reaccionaria del régimen del 78: una nueva Constitución que blinde los derechos sociales básicos (pan, trabajo, techo e igualdad) y políticos. República. Democracia plena y participativa, laica, municipalista, transparente, íntegra y con memoria. Igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Igualdad y no discriminación de ningún tipo hacia personas LGTBI. Derecho de autodeterminación de los pueblos. Estado federal. Ley electoral democrática, justa, proporcional. Lucha contra el sistema patriarcal: en la educación, en las administraciones del estado y en los medios de comunicación. Reforma democrática de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad. Separación Iglesia-Estado, laicidad, religión fuera  de la escuela.

Soberanía, paz y solidaridad: ruptura con la Unión Europea y con el euro. Desde la soberanía nuevo espacio de integración de los pueblos de Europa. No a los tratados comerciales neoliberales TTIP, TISA y CETA. Solidaridad internacionalista y cooperación entre los pueblos como mejor camino para trabajar por la paz. 0,7% del PIB para cooperación internacional. Pleno reconocimiento del derecho de asilo. No a la guerra, renuncia al uso de la guerra como método de resolución de conflictos. Salida de la OTAN y bases y tropas extranjeras fuera de nuestro territorio.

Luchamos por la soberanía popular, por una democracia política y económica plena, por la igualdad de género, por la protección del medio ambiente, por la paz y la solidaridad. Luchamos por un nuevo país.

Sobre el espacio unitario: las Marchas de la Dignidad

-        Pasado de las Marchas: experiencias, aciertos y errores (fortalezas y debilidades).

Las Marchas de la Dignidad ha servido como espacio de movilización unitaria de la mayoría de las luchas sectoriales de carácter laboral y socioeconómico desde el crepúsculo del ciclo de movilización 10-14, durante concreto durante el ciclo electoral (Junio del 14 a junio del 16) que concluyó con la elección de Rajoy como presidente del gobierno hace  exactamente un año.

Las Marchas han servido como espacio de movilización, pero también, y pensamos que es su principal labor, como espacio de articulación de luchas en torno a un programa unitario.

Exceptuando la primera movilización en Madrid, que supuso un hito organizativo y político, la mayor parte de las movilizaciones no han servido para alterar la situación política ni para influir en la correlación de fuerzas. Sí han contribuido a crear lazos de solidaridad entre luchas, generar experiencia organizativa y de movilización de nuevos militantes y activistas en tiempos de retroceso de las luchas, de reflujo, tras la derrota en el campo de batalla político, social y electoral.

No significa esto que se haya acabado ni si vaya a  acabar la movilización y la lucha, en absoluto: van a seguir surgiendo conflictos laborales y luchas parciales, estallidos, tensiones, fruto de las contradicciones del sistema, pero sin la orientación general, la perspectiva del cambio general que alumbró el ciclo anterior.

Hay que construir esa orientación general, que permita acumular fuerzas para un objetivo superior a las batallas que vienen dando algunos sectores de la clase trabajadora. El objetivo más allá de responder a la coyuntura es generar esa coyuntura, intervenir en lo real, pero también construir, inventar lo real.

- Situación actual

En la situación actual las Marchas padecen una importante debilidad en el conjunto del Estado, fruto, evidentemente de la debilidad de las organizaciones que las conformamos.

Se va haciendo evidente que estamos en una fase de repliegue táctico del conjunto del movimiento de unidad popular, en la que se hace necesario pensar en el medio largo plazo y no malgastar recursos ni esfuerzos.

Las próximas movilizaciones de masas debemos construirlas con paciencia, debemos prepararnos para las próximas crisis.

-        Futuro: construcción del bloque político y social, construcción de la unidad popular

Dada la situación actual, planteamos algunas líneas de acción para desarrollar la estrategia ante la posibilidad de apertura de proceso de reforma constitucional por parte del bloque de poder con el objetivo de su desbordamiento.

Promover espacios de encuentro y coordinación directa entre los sectores laborales más combativos de cada ámbito, que vienen siendo en muchas ocasiones los más precarios: eventuales de la industria, seguridad privada, camareras de piso, repartidores, técnicos de telefonía, teleoperadorxs, recogida de RSU y limpieza viaria,  etc. O sectores con mucho nivel de organización ante la  ya evidente amenaza de la precariedad, como la estiba. Existe el ejemplo de la Asamblea de Sevilla.

Desde esos espacios construir un programa con medidas que atiendan a las necesidades más acuciantes de la mayoría de la clase trabajadora para proyectar una movilización a la ofensiva. No planteamos renunciar ni mucho menos al programa general ya expuesto, sino dotarnos de un programa de mínimos que permita articular una gran movilización de clase a partir de aquel.

Igualmente promover espacios de encuentro, coordinación y movilización del conjunto de luchas laborales y socioeconómicas para articular movilizaciones generales, como la del 28F.

Dotarnos de redes de creación y difusión de materiales de agitación: guerra asimétrica en la lucha ideológica.

En Andalucía, igual que en el Estado, existen distintos espacios, mareas y plataformas unitarias, además de las Marchas, de luchas y movilizaciones parciales o sectoriales. Zonas de encuentro de organizaciones y activistas con dinámicas propias y separadas, que promueven movilizaciones, a veces importantes, pero sin la necesaria fuerza para promover un proceso real de cambio en nuestro país.

Simultáneamente con la coordinación de los sectores laborales más combativos y de aquellos con más organización,  hay que empezar a trabajar la imprescindible articulación de los distintos espacios unitarios, en torno a un programa de mínimos, que sustente la construcción del bloque político y social alternativo, con la sinergia y la fuerza necesaria para que, desde la movilización, podamos superar el sistema socioeconómico vigente y su régimen político y construyamos un nuevo país al servicio de la mayoría social: la clase trabajadora y el pueblo. 

Andalucía, 4 de noviembre de 2017