Sergio Mesa y José Manuel García

 Sergio Mesa y José Manuel García

(Militantes del PCA-PCE)

LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD, EL ESPACIO UNITARIO PARA LAS LUCHAS, LA MOVILIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA

La realidad del capitalismo y su régimen político en España tras la crisis

El Manifiesto de las Marchas por la Dignidad sigue estando plenamente vigente en tanto que los problemas sociales que denuncia siguen sin resolverse. Más bien al contrario, tienden a agudizarse ya que la hoja de ruta de la Unión Europea exige más mantener y ampliar los recortes salariales y los recorres de los servicios públicos… Esto se traducirá en más explotación y precariedad, en más miseria y depauperación.

Las crisis que padece nuestro pueblo tienen causas estructurales en el capitalismo imperante en España y Europa y deben ser analizadas, puesto que este sistema económico y político supone el fracaso para la clase trabajadora y los sectores populares y el enriquecimiento desaforado para la oligarquía.

Las sucesivas crisis del sistema económico y social capitalista y de forma casi definitiva la crisis de 2008, han ido liquidando el proyecto clásico de la socialdemocracia europea pactado tras la II Guerra Mundial con la burguesía y sintetizado en el llamado Estado de Bienestar y de libertades democráticas, En cada una de estas crisis, el capital ha salido fortalecido y la clase trabajadora debilitada económicamente, pero también política e ideológicamente.

La salida de la reciente crisis capitalista en España ha supuesto el empobrecimiento y la degradación de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora y otros sectores populares, de la mayoría de la sociedad, fundamentalmente por tres vías: la devaluación del trabajo (más explotación, peores condiciones, menos salarios), la carestía de la vida (vivienda, luz, alimento,...) y los recortes de los servicios públicos.

Estas condiciones empiezan a ser la norma. Si en los años 8-12 asistimos a un shock, ahora nos encontramos ante un proceso lento y paulatino de degradación contando con la resignación y asunción del estado de cosas de la mayoría de las clases populares incluso de las capas más concienciadas que participaron de las luchas y “creyeron en el cambio”.

Esta realidad ha tomado forma gracia a las medidas tomadas por los gobiernos de PP y PSOE como gestores políticos del capital con el objetivo general de relanzar la acumulación capitalista tras el agotamiento del modelo inmobiliario y financiero, al que se suma y vincula el objetivo principal y concreto impuesto por el FMI, el Banco Mundial y la UE del pago de la enorme deuda pública contraída durante la crisis bajo la presión mafiosa del capital financiero, a intereses de auténtica usura y que incluye los 60 mil millones del rescate bancario.

A pesar de las luchas y las resistencias desplegadas por el movimiento popular, el bloque de poder capitalista ha realizado las reformas estructurales que pretendía, dando lugar a una nueva fase de acumulación, que nace de las ruinas del modelo del capitalismo inmobiliario y financiero del ciclo precedente, con un peso cada vez más determinante de grandes monopolios y de forma creciente, monopolios extranjeros, con nuevos procesos de especulación en curso, con la aparición de nuevos sectores laborales y consecuentemente de un nuevo proletariado urbano, distinto al  anterior a la crisis.

Además hemos asistido a un retroceso de los derechos y libertades políticas y civiles que son ya el terreno de juego de la lucha. Del estado de derecho hemos pasado al estado penal, listo para reprimir con más recursos la rebeldía contra la creciente injusticia, explotación y desigualdad y que son una muestra de que el enemigo se prepara para nuevas crisis (no obstante ya se espera que la economía decrezca para este año y el siguiente).

¿Por qué? Porque las condiciones que han permitido salir de la crisis son muy débiles, tales como el aumento del turismo, los precios baratos del dinero y del petróleo, por la existencia de una coyuntura internacional explosiva por las crecientes tensiones interiimperialistas de las que España forma parte como miembro de la UE y la OTAN y porque una nueva crisis se afrontaría en unas condiciones muchísimo peores que la anterior.

El régimen del 78 en transición

Igualmente asistimos a un nuevo escenario político, superador del que venimos conociendo como el Régimen del 78, expresado en una correlación de fuerzas institucional diferente pero del todo favorable al bloque de poder de la oligarquía, en el que se está dando un Segunda Transición que puede tener su cierre con una reforma constitucional pactada entre las diversas oligarquías del Estado español y bajo mando UE/OTAN que refuerce el blindaje del régimen político: sistema territorial, sistema electoral, derechos y libertades políticas.

A expensas de ver cuánto dura y cómo se cierra la actual fase del conflicto catalán ya ha provocado el fortalecimiento de C´s y de otras opciones neofascistas y la emergencia del chovinismo españolista, de masas, reaccionario y como ideología de odio (a Cataluña, a la anti-España, etc...) que sin duda intervendrán para hacer aún más reaccionaria esta Segunda Transición.

Ante esta coyuntura es más apremiante aún la necesidad de organizar la coordinación de las fuerzas sociales, sindicales y políticas alternativas en un gran espacio unitario, en un bloque político y social, que desde la movilización transforme la reforma constitucional por arriba en un Proceso Constituyente popular que fuerce la ruptura democrática hacia un nuevo país en el que se realicen las transformaciones necesarias para construir un sistema económico y social al servicio de la clase trabajadora y el pueblo y una democracia real, participativa, laica, federal y republicana.

La construcción de la alternativa

Desde la movilización social, amplia y unitaria, en tono a los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares se debe confrontar con las estructuras de dominación social. Y hay que señalar que existen dos marcos económicos, políticos e institucionales que impiden cualquier proceso de transformación social, de cambio real en España. El establecido por el capitalismo en Europa: la Unión Europea y el euro, con sus políticas neoliberales contra la mayoría social y el actual el Régimen del 78 en transición que mantiene el poder en manos de la oligarquía y pretende establecer  involucionar una democracia ya  limitada y controlada.

La UE no es reformable. Seguir creyendo que se pueden reformar las políticas de la Unión Europea ganando espacios en sus estructuras representativas es una quimera como se demostró en el caso griego. El euro es un mecanismo monetario al servicio de la oligarquía financiera europea para garantizar el éxito de las políticas de acumulación de capital y asfixiar a los pueblos que traten de oponerse a esas políticas. Desde el desarrollo del concepto de soberanía popular los pueblos de Europa deben construir su propio espacio de integración política, económica y social. La construcción del espacio de integración de los pueblos de Europa se debe dar al margen de los dictados de los intereses imperialistas.

En España nos encontramos en un momento en el que los grupos políticos, sociales y mediáticos al servicio del capital financiero están llevando a cabo un proceso de restauración y superación del Régimen del 78 para consolidar un nuevo modelo de relaciones sociales, institucionales y laborales, es decir, una nueva forma de vivir para que, como decíamos, toda la riqueza del país siga al servicio del mantenimiento y aumento de la tasa de ganancia del capital, comenzando por garantizar constitucionalmente el pago de la deuda (reforma del artículo 135 CE), como condición imprescindible para sostener el actual momento del sistema económico capitalista.

Este proceso de restauración borbónica pretende mediante reformas y supuestas medidas de regeneración mantener las bases sobre las que se sustenta el régimen actual: la UE y el euro, la OTAN, un modelo económico al servicio de una minoría, el mantenimiento del poder del sector financiero, una democracia limitada y la monarquía.

Para poder construir un nuevo país tenemos que romper con estos dos corsés: la UE y el euro y la oligarquía española, sus partidos y su monarquía, recuperar la soberanía y realizar la ruptura democrática con los marcos que impiden cualquier proceso de transformación social al servicio de los trabajadores y trabajadoras y el pueblo. Frente a restauración autoritaria borbónica, ruptura democrática republicana. Frente a la reforma reaccionaria del Régimen del 78, revolución democrática. Frente al capitalismo, revolución social.

En este momento es prioritario y urgente construir una alternativa programática, social y política lo más amplia y unitaria posible. Una alternativa que confronte y derrote social y políticamente la recomposición del sistema. Una alternativa democrática, social, feminista, ecologista, pacifista, federal, con amplia base popular. Para ello, es fundamental situar como objetivo la movilización social y política como instrumento para conquistar un futuro de justicia social y libertad en el marco de un nuevo proyecto de país. En este sentido las Marchas de la Dignidad juegan un papel fundamental porque pueden y deben servir de aglutinador del bloque social y político que sustente la construcción de la unidad popular.

Desde la experiencia unitaria y transversal que representan las Marchas de la Dignidad deberíamos partir de dos conclusiones: tenemos que dar prioridad absoluta a la lucha social, conseguir que las políticas antisociales y autoritarias tengan una respuesta en la calle, que el sistema no consiga imponer una paz social. La segunda conclusión es que desde la movilización y sobre acuerdos programáticos tenemos que construir bases de unidad popular. Atendiendo a la emergencia social a la que se enfrenta nuestro pueblo y situando la perentoriedad de atender esas reivindicaciones, no debemos desaprovechar la lucha para realizar la pedagogía necesaria para hacer entender que no se dará una salida social a la crisis si no se construye una alternativa social al sistema político-económico imperante.

Se trata de construir un nuevo modelo económico, político y social en el que se garanticen a todas las personas los derechos básicos a Pan, Trabajo, Techo e Igualdad, a servicios públicos universales y prestaciones sociales suficientes. Un nuevo país en el que se haga realidad las reclamaciones populares de democracia real y transparencia y no estar sometidos a los dictados de la banca y el capital. La construcción de este proyecto no puede hacerse respetando los marcos impuestos, económico (UE y el euro) y político (Régimen del 78), porque el dominio de esos poderes económicos y la imposición de ese marco político no permite dar satisfacción a las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo.

Tenemos que construir un nuevo país que dé respuesta a las necesidades más inmediatas de las personas y realice los cambios políticos y constitucionales necesarios para poder aplicar las medidas que necesitamos.

Debemos ser capaces de impulsar la movilización que construya una alternativa real en torno a medidas concretas, en torno a un programa. Proponemos lo siguiente:

Medidas de urgencia social: trabajo, vivienda y derechos. Subsidio de desempleo para todas las personas desempleadas. Establecimiento de un plan de trabajo garantizado. Salario Mínimo Interprofesional de 1.000€. Igualdad salarial de mujeres y hombres. Equiparación de la pensión mínima al SMI. Plan extraordinario de empleo público para crear un millón de puestos de trabajo en servicios públicos, infraestructuras y empleo ecológico. La vivienda como derecho, paralización inmediata de todos los desahucios de primera vivienda. Plan de choque contra la violencia machista, incluyendo medidas de actuación, prevención y sensibilización. Garantía social de servicios esenciales de electricidad, agua y gas y garantía de acceso a  medicamentos. Transporte público gratuito para los desempleados y desempleadas.

Restablecimiento de los derechos sociales y democráticos: derogación inmediata de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de sus consecuencias. Derogación de la Ley Mordaza. Amnistía a todas las personas condenadas y procesadas por motivos laborales y luchas sociales. Derogación de las reformas del Código Penal de 2010, 2012 y 2015 y de la Ley de Enjuiciamiento. Derogación de las reformas laborales. Derogación de la Ley de reforma Local. Derogación de la ley de Extranjería. Derogación de LOMCE y de las tendentes a mercantilizar la Enseñanza Superior (Plan Bolonia; Decreto 3+2). Derogación de la Ley 15/97 y de todas las medidas de privatización de la Sanidad Pública.

Nuevo modelo económico y social: planificación democrática de la economía para garantizar que esté al servicio de la clase trabajadora y el pueblo. Cambio de modelo productivo; modelo económico, social y productivo sostenible basado en energías renovables. Establecimiento planificado de un sistema energético sostenible bajo control democrático. Nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía. Auditoria de la deuda, reestructuración e impago de la deuda ilegitima. Trabajo garantizado. Recuperación para el sector público de las empresas privatizadas. Remunicipalización de los servicios privatizados. Plan de reconstrucción industrial. Reforma Agraria Integral. Trabajo con derechos. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin reducción salarial. Jubilación a los 65 años y plan progresivo para la jubilación a los 60. Sistema público de enseñanza. Sanidad y sistema de pensiones público. Sistema fiscal basado fundamentalmente en impuestos directos progresivos. Financiación suficiente de los Ayuntamientos y reparto equitativo entre las tres administraciones públicas. Soberanía alimentaria. Red estatal de distribución y comercialización del sector primario. Potenciación del transporte público y de la movilidad sostenible. Fomento y priorización de la economía social.

Ruptura democrática frente a la reforma reaccionaria del régimen del 78: una nueva Constitución que blinde los derechos sociales básicos (pan, trabajo, techo e igualdad) y políticos. República. Democracia plena y participativa, laica, municipalista, transparente, íntegra y con memoria. Igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Igualdad y no discriminación de ningún tipo hacia personas LGTBI. Derecho de autodeterminación de los pueblos. Estado federal. Ley electoral democrática, justa, proporcional. Lucha contra el sistema patriarcal: en la educación, en las administraciones del estado y en los medios de comunicación. Reforma democrática de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad. Separación Iglesia-Estado, laicidad, religión fuera  de la escuela.

Soberanía, paz y solidaridad: ruptura con la Unión Europea y con el euro. Desde la soberanía nuevo espacio de integración de los pueblos de Europa. No a los tratados comerciales neoliberales TTIP, TISA y CETA. Solidaridad internacionalista y cooperación entre los pueblos como mejor camino para trabajar por la paz. 0,7% del PIB para cooperación internacional. Pleno reconocimiento del derecho de asilo. No a la guerra, renuncia al uso de la guerra como método de resolución de conflictos. Salida de la OTAN y bases y tropas extranjeras fuera de nuestro territorio.

Luchamos por la soberanía popular, por una democracia política y económica plena, por la igualdad de género, por la protección del medio ambiente, por la paz y la solidaridad. Luchamos por un nuevo país.

Sobre el espacio unitario: las Marchas de la Dignidad

-        Pasado de las Marchas: experiencias, aciertos y errores (fortalezas y debilidades).

Las Marchas de la Dignidad ha servido como espacio de movilización unitaria de la mayoría de las luchas sectoriales de carácter laboral y socioeconómico desde el crepúsculo del ciclo de movilización 10-14, durante concreto durante el ciclo electoral (Junio del 14 a junio del 16) que concluyó con la elección de Rajoy como presidente del gobierno hace  exactamente un año.

Las Marchas han servido como espacio de movilización, pero también, y pensamos que es su principal labor, como espacio de articulación de luchas en torno a un programa unitario.

Exceptuando la primera movilización en Madrid, que supuso un hito organizativo y político, la mayor parte de las movilizaciones no han servido para alterar la situación política ni para influir en la correlación de fuerzas. Sí han contribuido a crear lazos de solidaridad entre luchas, generar experiencia organizativa y de movilización de nuevos militantes y activistas en tiempos de retroceso de las luchas, de reflujo, tras la derrota en el campo de batalla político, social y electoral.

No significa esto que se haya acabado ni si vaya a  acabar la movilización y la lucha, en absoluto: van a seguir surgiendo conflictos laborales y luchas parciales, estallidos, tensiones, fruto de las contradicciones del sistema, pero sin la orientación general, la perspectiva del cambio general que alumbró el ciclo anterior.

Hay que construir esa orientación general, que permita acumular fuerzas para un objetivo superior a las batallas que vienen dando algunos sectores de la clase trabajadora. El objetivo más allá de responder a la coyuntura es generar esa coyuntura, intervenir en lo real, pero también construir, inventar lo real.

- Situación actual

En la situación actual las Marchas padecen una importante debilidad en el conjunto del Estado, fruto, evidentemente de la debilidad de las organizaciones que las conformamos.

Se va haciendo evidente que estamos en una fase de repliegue táctico del conjunto del movimiento de unidad popular, en la que se hace necesario pensar en el medio largo plazo y no malgastar recursos ni esfuerzos.

Las próximas movilizaciones de masas debemos construirlas con paciencia, debemos prepararnos para las próximas crisis.

-        Futuro: construcción del bloque político y social, construcción de la unidad popular

Dada la situación actual, planteamos algunas líneas de acción para desarrollar la estrategia ante la posibilidad de apertura de proceso de reforma constitucional por parte del bloque de poder con el objetivo de su desbordamiento.

Promover espacios de encuentro y coordinación directa entre los sectores laborales más combativos de cada ámbito, que vienen siendo en muchas ocasiones los más precarios: eventuales de la industria, seguridad privada, camareras de piso, repartidores, técnicos de telefonía, teleoperadorxs, recogida de RSU y limpieza viaria,  etc. O sectores con mucho nivel de organización ante la  ya evidente amenaza de la precariedad, como la estiba. Existe el ejemplo de la Asamblea de Sevilla.

Desde esos espacios construir un programa con medidas que atiendan a las necesidades más acuciantes de la mayoría de la clase trabajadora para proyectar una movilización a la ofensiva. No planteamos renunciar ni mucho menos al programa general ya expuesto, sino dotarnos de un programa de mínimos que permita articular una gran movilización de clase a partir de aquel.

Igualmente promover espacios de encuentro, coordinación y movilización del conjunto de luchas laborales y socioeconómicas para articular movilizaciones generales, como la del 28F.

Dotarnos de redes de creación y difusión de materiales de agitación: guerra asimétrica en la lucha ideológica.

En Andalucía, igual que en el Estado, existen distintos espacios, mareas y plataformas unitarias, además de las Marchas, de luchas y movilizaciones parciales o sectoriales. Zonas de encuentro de organizaciones y activistas con dinámicas propias y separadas, que promueven movilizaciones, a veces importantes, pero sin la necesaria fuerza para promover un proceso real de cambio en nuestro país.

Simultáneamente con la coordinación de los sectores laborales más combativos y de aquellos con más organización,  hay que empezar a trabajar la imprescindible articulación de los distintos espacios unitarios, en torno a un programa de mínimos, que sustente la construcción del bloque político y social alternativo, con la sinergia y la fuerza necesaria para que, desde la movilización, podamos superar el sistema socioeconómico vigente y su régimen político y construyamos un nuevo país al servicio de la mayoría social: la clase trabajadora y el pueblo. 

Andalucía, 4 de noviembre de 2017